Cierre patronal

Se conoce como cierre o paro patronal, una acción directa del empleador que consiste en paralizar de manera parcial o total las actividades de un negocio o varios, y aunque internacionalmente se puede considerar que es una medida ilegal por no estar reconocida, la misma suele utilizarse comunmente como medida de presión sobre los trabajadores para que abandonen sus reclamos o se ajusten a las políticas o mandatos de su patrono.  Para la Organización Internacional del Trabajo ésta es una medida de presión que fuerza a los trabajadores en el sentido que más convenga a su patrono.

La medida está contemplada en el Art. 1.21 del Real Decreto Ley 17/1977 de España, en la que se faculta al patrono a cerrar los centros de trabajo ante las siguientes situaciones, existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas, y le corresponde al empresario la prueba de la autenticidad de la existencia del notorio peligro de violencia o daño, sin que valgan meras sospechas, ya que, normalmente, las huelgas no son violentas, aunque los ánimos pueden llegar a encresparse en muchos momentos del conflicto.

Sólo puede ser estimado lícito cuando los peligros sean realmente ciertos y graves, y cuando contra ellos no pueda actuar el empleador sólo o ayudado por otros mecanismos legales, para evitar la violencia contra las personas o los daños contra las cosas. Consiste, como entiende el Tribunal Supremo, de velar “por la seguridad de la integridad física de las personas y por la salvaguardia de los bienes materiales”.

En el caso de Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca. La permanencia de los huelguistas en el centro de trabajo o en cualquiera de sus dependencias está prohibida, aunque no exista, ánimo de llegar a cometer conductas delictivas por parte de los trabajadores. Sin embargo, esta regulación debe ser objeto de una interpretación restrictiva. Por ocupación hay que entender un ilegal ingreso en los locales o una ilegal negativa de desalojo frente a una legítima orden de abandono, pero no en cambio la simple permanencia en los puestos de trabajo.

Si el volumen de la inasistencia o irregularidades del trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción Esta causa ha de ser interpretada restrictivamente ya que puede ser una vía por la cual se proceda al cierre no sólo ante huelgas ilegales, sino frente a huelgas que sin incidir sobre la totalidad del personal de la empresa, y siendo legales, inciden en el proceso normal de producción.

Por esta razón, la anormalidad ha de ser suficientemente grave e impeditiva del trabajo de la totalidad de los trabajadores (STS 31 de marzo de 2000, Ar. 7403). Ahora bien, incluso en este sentido se requiere una interpretación restrictivamente, de manera que no cabe acudir al cierre por esta causa cuando con dicha medida se vacíe de contenido o se impida el derecho de huelga, o incluso el derecho al trabajo de los no huelguistas.

Esos son los enunciados de la ley que la autoriza en España vertidos en Wikipedia. Pero se sabe que la misma aunque se practica también en algunos países de Latinoamérica, es motivo de controversia, porque se considera un contraataque del sector empresarial al derecho de huelga de los trabajadores, una forma de retomar el control de una situación que puede estar por momentos favorable a los empleados.  Hay cinco clases de cierre patronal, defensivo, ofensivo, preventivo, de solidaridad, con intención política  Como se interpreta como una manera de tomar el control, el mismo debe durar únicamente el tiempo necesario para recuperar el mismo.

Cuando el cierre se considera legal se incurre en la suspensión de los contratos de trabajo vigentes hasta el momento, pérdida del derecho a percibir salario así como el de percibir protección de desempleo, situación especial ante la seguridad social. Cuando el mismo es ilegal, los trabajadores tienen derecho a los salarios no percibidos por el cierre, las prestaciones de incapacidad laboral, y las cotizaciones por el período de cierre así como que el empleador sufrirá el pago de multas y sanciones por el cierre que se ha considerado ilegal.

Esta es una medida entonces que trae consigo una problemática para los trabajadores según se aplique que sea legal o no, y para el empleador que de no actuar acorde a la ley incurre en actos ilegales como los que pudieron haber actuado los trabajadores al ocupar las instalaciones, negarse a trabajar o no presentarse a laborar. Un tema que como hemos dicho antes, está siempre en debate por cuanto tiene muchas interpretaciones y deja al patrono libre de actuar en casos que pueden ser interpretados de muchas maneras.  En la  mayoría de estados de Europa, la práctica de cierre patronal está prohibida, excepto en casos de fuerza mayor.